Conviene precisar previamente que Colombia, como muchos otros países, ha tenido diferentes ciclos de violencia en su historia. La más reciente tiene sus comienzos a mitad de la década de los setenta, alcanza su mayor incremento a partir de la mitad de los ochenta, y persiste en la actualidad con las complejidades e intensidades que se enunciarán más adelante. Pero no es una violencia nueva u original. Hunde sus raíces en otros momentos y acontecimientos de la historia del país, tanto en el campo económico y político, como en la conformación cultural y en la conflictividad social.
Posiblemente el mejor y más preocupante indicador actual de la magnitud de la violencia que vivimos sea el de los homicidios. En los últimos veinticinco años del siglo pasado el país casi llegó a un total de medio millón de homicidios. En la última década se registró un promedio anual de 25.000 homicidios. En el año 2000 el país superó dicho promedio y alcanzó un total de 25.655 homicidios, para una tasa de 61 homicidios por cien mil habitantes, según los datos del Centro Nacional de Referencia sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal. Como la tasa media mundial es de 5 por cien mil, puede apreciarse la magnitud de la tragedia: Colombia tiene en la actualidad una tasa de homicidios doce veces superior a la mundial.
Pero si las cifras totales causan alarma, su desagregación por edades, sexos, regiones y sectores sociales y la mirada detallada de algunos de los hechos deberían producir una inmediata respuesta nacional e internacional. Sólo tres ejemplos. Primero: en el departamento de Antioquia, en 1994, 88% del total de las defunciones de los hombres adolescentes entre 15 y 19 años se debió a una sola causa: los homicidios.(6) En las mujeres de la misma región y del mismo grupo de edad el porcentaje alcanzó 46%. La mitad de los niños de 10-14 años del mismo departamento que murieron en ese año, murieron también de homicidio. Segundo: en el año 2000, según el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, hubo en el país un total de 236 masacres, con un total de 1403 víctimas fatales. El 45% de ellas fueron cometidas por las denominadas “autodefensas”- organizaciones paramilitares- y tuvieron sus principales escenarios en los departamentos de Antioquia y Cesar. Y tercero: durante la semana santa de 2001, los paramilitares incursionaron en la región del Naya, al sur del país. El balance incompleto incluye más de 40 personas asesinadas entre campesinos e indígenas. Y no ahorraron crueldad los autores de la masacre: recurrieron a las sierras eléctricas y al descuartizamiento de sus víctimas. Todo ello en “semana santa”.
No sólo los homicidios denuncian los niveles de barbarie. El secuestro se ha convertido en una amenaza permanente y casi indiscriminada para toda la población. El promedio diario actual es de aproximadamente cinco, incluyendo las diferentes modalidades: individual, colectivo, extorsivo, político, delincuencial. Sin alcanzar las magnitudes del homicidio y el secuestro, el país padece muchas otras formas de violencia. El maltrato infantil en los distintos escenarios de la vida social, el maltrato contra las mujeres y contra los ancianos en la familia y en otras instituciones, los asaltos en las calles e inclusive el suicidio constituyen otras formas de violencia registradas en el país, pero con frecuencia e intensidad comparables e inclusive inferiores a las de otros países.
